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Vivimos en medio de una crisis fotovoltaica

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no se sabe que pasará con la crisis fotovoltaica

Mientras que la crisis seguía siendo una “ralentización”, la energía fotovoltaica parecía estar todavía en su mejor momento halla por el 2007.

Para promover el uso de la energía solar, un recurso climático que podría reducir nuestra dependencia de las importaciones de petróleo, el gobierno socialista ha comenzado a recompensar esta tecnología con 450 euros por megavatio hora, diez veces el precio mayorista de la electricidad.

Esta importante bonificación ha supuesto un retorno de la inversión de casi el 12% en parques solares, muy por encima de cualquier otra opción.

Después y a finales del 2008, cuando se pronosticaban 500 megavatios de electricidad, la cifra era de 3.463 megavatios, y la promoción se volvió inaceptable. Fue cuando la “vejiga solar” comenzó a hincharse.

El crecimiento fue equilibrado entre la industria, los fondos de inversión y los particulares. En ese momento, la crisis no había devastado aún a los bancos y estos no tuvieron problemas para financiar proyectos hasta el 100% de su importe.

Vivimos en medio de una crisis fotovoltaica

Cuando la crisis entró en una fase de colapso del mercado financiero e inmobiliario, los beneficios de los sistemas fotovoltaicos llevaron a los fondos de inversión extranjeros, especialmente americanos, a buscar otro tipo de salida, aumentando la cantidad de energía solar, convirtiéndonos en uno de los primeros del mundo en términos de capacidad instalada de células fotovoltaicas, pero con un exceso de capacidad frente a una demanda superior al 60%.

Las primas fotovoltaicas y otras debilidades estructurales de nuestro sistema de generación de energía han provocado un déficit de casi 25.000 millones de euros, así como una enorme presión por parte de las empresas energéticas a la hora de poner fin a un sistema que las hace competitivas y amenaza su posición como distribuidoras exclusivas de energía.

En este contexto, el gobierno actual decidió el pasado mes de julio implementar una de sus “reformas necesarias” a través de un decreto ley. La reforma energética aprobada por el ministro Soria reducirá la rentabilidad garantizada de los fabricantes de células fotovoltaicas a alrededor del 7,5% a lo largo de su vida útil.

Esto significa que aquellos que lograron rendimientos de dos dígitos en los primeros meses del sistema socialista experimentarán una drástica disminución de sus ingresos futuros, haciendo que muchas de estas inversiones no sean rentables, siendo también normal que los inversores particulares lo hagan con un porcentaje de la deuda que tienen que devolver hasta el 100%.

El problema es muy grave, porque hay 50.000 parques solares en los que no sólo hay fondos americanos y empresas energéticas españolas, sino también muchos inversores particulares. Estas víctimas son comparadas con las víctimas del trato preferencial de los bancos nacionalizados y están dispuestas a evaluar el sector energético en defensa de sus inversiones.

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